DISCAPACIDAD, DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN

Programa de Derechos Humanos, UIA Tijuana

La defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad está establecida como garantía en la constitución nacional, así como en diversos instrumentos internacionales. No obstante las investigaciones institucionales, académicas y de derechos humanos señalan que dichas garantías no son implementadas como es debido.

En el contexto mexicano, los retos que dificultan el pleno goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad son diversos. En primer lugar la escases y ausencia de información -cuantitativa y cualitativa- actualizada y legítima. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que aproximadamente el 10% de la población de cada país vive con alguna discapacidad mental, física y/o sensorial.

Por su parte, el Banco Mundial agrega que el 20% de las discapacidades están directamente relacionadas con las condiciones de vida de un entorno pobre, y que 70% de las familias entre las que se encuentra alguna persona con discapacidad tienden a caer en mayor pobreza. En México, en el año 2000 los resultados del XII Censo General de Población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) revelan que 1 millón 795 mil personas tienen algún tipo de discapacidad, es decir 1.8% de la población total nacional.

Esta población se encuentra repartida en el territorio con 72.6% en comunidades urbanas y 27.4% en comunidades rurales. En el ámbito educativo, indica que cerca del 10% de la población total del país mayor a 15 años es analfabeta, en la población con discapacidad este dato representa el 32.9%. Aunado a esto, el hecho de que a medida que los indicadores tratan de grupos económicamente marginados, los datos publicados son menos confiables. En este sentido, las personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas, son los más expuestos a la exclusión y a la alta marginación en términos generales, no obstante los programas institucionales carecen de estrategias específicas para este grupo poblacional.

Por otra parte, la visión asistencialista de falta de reconocimiento de sus capacidades, y sobre todo del desconocimiento de sus derechos, ha ocasionado que permanezcan al margen del progreso. Finalmente, la poca relación que se le otorga al tema de la discapacidad con los derechos humanos en general y con los temas globales, da pie a una mayor discriminación y marginación.

Una de las prioridades para revertir esta situación es difundir información y datos actualizados sobre temas transversales a la discapacidad como la salud, la educación, la violencia, la pobreza, la equidad de género, la migración, el medio ambiente y otros temas globales. Esto a fin de atender a la población objetivo con un enfoque de derechos humanos. La garantía del goce, acceso y ejercicio de los derechos humanos es fundamental para la inclusión social y fomento del bienestar tanto colectivo como individual.

Avances Jurídicos

La cuestión de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad es un fenómeno reciente. A partir de los 60s, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea programas y directrices relacionados con las personas con discapacidad. Estos instrumentos de “soft law” recomiendan parámetros de base para la protección de las personas con discapacidad. Dentro de ellos se encuentran el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, las Directrices de Tajín para el Desarrollo de los Recursos Humanos en la Esfera de los Impedidos, las directrices para el Establecimiento y Desarrollo de Comités Nacionales de Coordinación en la Esfera de la Discapacidad, los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Salud Mental.

En 1982, nacen el Programa de Acción Mundial y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de Oportunidades de las Personas con Discapacidad. Dichos mecanismos marcaron un cambio de paradigma respecto a los anteriores. Aunque mantienen un cierto compromiso con el modelo medico de la discapacidad, se inclinan más hacia el modelo social. En 1993, se crea la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Dicha Convención es el primer instrumento internacional dedicado a la discapacidad en materia de Derechos Humanos.

En 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea un Comité Especial para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. El mismo año, se inicia el periodo de sesiones del Comité Especial. Finalmente, en el 2007 se crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que entra en vigor en 2008. Este mismo año, México ratifica dicha Convención.

Otros Instrumentos Internacionales

Además de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, existen numerosos instrumentos de apoyo tales como, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San Salvador, la Declaración sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO y otros instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación y el racismo.

Educación

La educación es una de las piedras angulares del desarrollo del individuo y un elemento clave para la integración social de toda persona. No obstante los grupos poblacionales más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, tienen menos oportunidades de recibir una educación formal que el resto de la población.

Un gran número de barreras impiden a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad acceder al sistema educativo. En México el panorama educativo para las personas con discapacidad es desalentador. En el año 2000 la población total analfabeta ascendió a 9.4%, mientras que en la población con discapacidad fue de 32.8%. En este mismo año el 91.6% de los niños de entre 6 y 14 años asistían a una escuela, mientras que sólo el 63% de los niños con discapacidad tenía acceso al sistema escolar. Para las personas con discapacidad recibir una educación formal es un elemento decisivo para llevar una vida autónoma, participar activamente en la sociedad los aleja de los círculos de marginalización.

Debido a esto es necesario responder a las necesidades de educación especial de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad y velar por la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Es por ello que resulta de vital importancia impulsar tanto las escuelas de educación especial, como el proceso de integración educativa en escuelas regulares.

Para promoverlo es necesario:

• Construir escuelas inclusivas y flexibles que ofrezcan un tratamiento de la diversidad basado en los principios de integración e individualización.

• Sensibilizar a la comunidad educativa para que acoja a los niños con necesidades educativas especiales en un ambiente de tolerancia, promoviendo una conciencia de solidaridad.

• Eliminar las barreras de carácter físico y organizacional que restringen la integración en las escuelas regulares.

• Promover incentivos para que los alumnos con discapacidad se integren a los niveles educativos superiores.

• Tomar medidas para mejorar la educación especial con miras a la integración social y el desarrollo de la autonomía.

• Fomentar el uso de asistencia tecnología y el aprendizaje de las tecnologías de la información y comunicación.